1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación trata de los jóvenes sin tiempo y cómo trabajar, con ellos y ellas, en un tránsito inclusivo a la vida adulta. Jóvenes que se ven abocados a la mayoría de edad sin el tiempo necesario para estructurar su futuro, sin tiempo para mirar atrás, para dejar de ser “presente”. Jóvenes que han pasado una parte importante de sus vidas en recursos residenciales del sistema de protección y que cuando son mayores de edad deben dejarlos para salir a la vida adulta, en un tránsito cargado de complejidades. Jóvenes que necesitan ese tiempo, en el momento en que más necesario es, para hacer su mejor tránsito a una vida adulta independiente y responsable.
Nuestro objetivo principal con esta investigación es el de conocer y dar a conocer los riesgos y las oportunidades del tránsito a la vida adulta de estos jóvenes extutelados tras su salida de los dispositivos de protección, en concreto los jóvenes extutelados de la Comunidad de Madrid. Y la necesidad de implicación socioeducativa, política e institucional para avanzar en su proceso de inclusión social.
En el año 2013, la Comunidad de Madrid comenzó a implementar en sus recursos de acogimiento residencial el ahora denominado “Plan de Autonomía Personal 16-21”. Posteriormente la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid encargó a nuestro grupo de investigación la evaluación de este programa a lo largo de cinco años (2015-2019). Así, se plantearon una serie de objetivos para esta investigación longitudinal que incorporaban la necesidad de diagnosticar la situación y escenarios de futuro de estos jóvenes, evaluar el efecto de las actuaciones desarrolladas tanto durante el periodo de tutela como posteriormente a éste, y elaborar propuestas de acción socioeducativa coherentes con los resultados obtenidos. A ello se añadía la necesidad de aportar información relevante e instrumentos técnicos para la construcción de un sistema estable de seguimiento de las trayectorias de tránsito a la vida adulta de los jóvenes extutelados. Y de alcanzar estos objetivos e implementar el proyecto de investigación en un proceso participativo y de investigación-acción, difundiendo los conocimientos relevantes adquiridos a lo largo del proceso de investigación.
En este marco se plantea la realización del actual estudio, que fundamentalmente se enfoca a uno de los objetivos específicos de la investigación, el de “realizar un diagnóstico de la situación y escenarios de futuro de los y las jóvenes extutelados entre seis meses y un año después de su salida de los dispositivos de protección”. Y cubre una de las fases del proyecto que estaba sin desarrollar, la fase cuarta1, relativa a la evaluación de la situación de los jóvenes de los recursos de acogimiento residencial en ese periodo de en torno a un año de su salida de ellos. La cuarta fase, destinada al seguimiento posterior a la mayoría de edad y a la salida del sistema de protección de estos jóvenes, es la que hemos abordado a partir del proyecto “Jóvenes sin tiempo” y sus resultados quedan reflejados en este informe.
Es importante resaltar que la información recogida en estos cuestionarios es especialmente valiosa, ya que es la primera vez que se tiene una información tan completa sobre el tránsito a la vida adulta de una cohorte de jóvenes del sistema de protección madrileño. La continuidad de este trabajo de investigación nos permitirá establecer contrastes con las investigaciones internacionales que, como veremos más adelante en detalle, se están desarrollando recientemente en países como EEUU, Inglaterra, Suecia, Canadá o Australia. En nuestro país se han ido incrementado también, desde principios de los años dos mil, las investigaciones sobre este ámbito, que se plantea como estratégico para un desarrollo social en clave de sostenibilidad.
1 La investigación a cinco años prevé el estudio de varias cohortes de jóvenes que salen del dispositivo de protección en diferentes fases: 1) diagnóstico inicial de la situación de los jóvenes protegidos a los 16 años de edad; 2) evaluación intermedia del programa implementado y sus efectos sobre el tránsito; 3) evaluación de la situación de los jóvenes inmediatamente antes de su egreso del sistema con la mayoría de edad; 4) evaluación de la situación de los jóvenes en torno al año de su salida de los centros de protección; 5) evaluación de la situación de los jóvenes en torno a los dos años de su salida de los centros de protección.
De forma simultánea y, en muchas ocasiones, a partir de las investigaciones realizadas, se han venido desarrollando normativas autonómicas y recientemente nacionales –como la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia- que regulan tanto la necesidad de desarrollar programas de autonomía antes de la mayoría de edad como de establecer recursos específicos a partir de ella para esta población.Este tipo de medidas evidencian que la puesta en marcha de investigaciones, planes e iniciativas que fortalezcan los sistemas de protección para garantizar las posibilidades de los jóvenes en su transición a la vida adulta, no sólo ofrece alternativas a la juventud más vulnerable, sino que redunda en la formación de sociedades más justas, equilibradas y próximas a planteamientos de sostenibilidad social.
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO JURÍDICO
La toma de conciencia institucional sobre la transición acelerada de los jóvenes egresados de los sistemas de protección, y sus repercusiones para la construcción de un futuro sostenible, ha puesto en evidencia la necesidad de fomentar políticas sociales que contemplen los apoyos y ayudas necesarios para su inclusión social. En este sentido, una serie de investigaciones tuvieron, a principios de los años dos mil, una repercusión importante en la creación de programas nacionales y en el desarrollo legislativo sobre esta cuestión.
Así, en Estados Unidos la Ley federal “Foster Care Independence Act” (1999) estableció medidas para el desarrollo de habilidades de vida independiente en ámbitos como la vivienda, educación, salud y empleo. A partir de ella, las investigaciones de Courtney y colaboradores (Courtney, Dworsky, Lee, y Raap, 2009; Courtney et al., 2007 y Courtney et al., 2004) han sido fundamentales para el diseño, implementación y evaluación de programas destinados al apoyo de los jóvenes americanos bajo la tutela del Estado y los resultados de sus primeros trabajos dieron origen a la normativa “Fostering Connections to Success and Increasing Adoptions Act” (2008), promovida por el gobierno de los EEUU para aumentar la edad legal de protección de los menores hasta los 21 años.
El Gobierno Británico por su parte promulgó la Children Living Care Act (2000) y las Care Leavers Regulations (England) (2010), normativas que promueven los apoyos a la emancipación de menores extutelados. Numerosas investigaciones sobre esta temática han sido realizadas antes y después de las propuestas legislativas, incidiendo de forma importante en su elaboración. Entre ellas, podemos citar las de Stein y Dixon (2006), Wade y Dixon (2006) y Dixon, Lee y Stein (2015).
El gobierno canadiense por su parte ha ido implementando, a lo largo de estos años, una serie de becas y programas de apoyo tanto para jóvenes mayores de 16 años que todavía siguen bajo el sistema de protección, como las destinadas a jóvenes extutelados entre 19 y 24 años. Investigaciones como las de de Goyette et al. (2012, 2011) o Rutman, Hubberstey, Feduniw, y Brown (2007) están en el origen de estas propuestas.
En Australia, Cashmore y Paxman (2007) mostraron qué ocurre con jóvenes extutelados después de su salida de los dispositivos de protección, en comparación con otros jóvenes de su edad. Algunas de las conclusiones más relevantes señalan que estos jóvenes tienen mayor desempleo y una clara tendencia al desempeño de trabajos de baja cualificación y a la precariedad laboral, situación que hace de su emancipación un proceso de riesgo.
Höjer y Sjöblom (2014), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), evidencian así mismo en sus investigaciones cómo los jóvenes en desventaja social reciben apoyos formales como la atención de los servicios sociales, acogimiento residencial y apoyo institucional, pero son pocos los que aseguran contar con el soporte suficiente en cuestiones tan importantes como ayudas para el acceso al empleo o la educación una vez cumplida la edad que les deja fuera del sistema de protección del gobierno.
De esta inquietud sobre los procesos de emancipación de los jóvenes extutelados, han surgido iniciativas como la International Research Network on Transition adulthood from Care (INTRAC), que desde el año 2003 trata de responder a las necesidades observadas en este colectivo a través de diferentes estudios relacionados con este ámbito. En nuestro país se han ido incrementado también, desde principios de los dos mil, las investigaciones sobre este ámbito, que se plantea como estratégico para un desarrollo social en clave de sostenibilidad (Del Valle, 1998, 2006; López et al., 2013; Casas y Montserrat, 2009; Melendro et al., 2014, 2010, 2007; Campos, 2013; García Barriocanal, Imaña y De la Herrán, 2007; Inglés, 2005).
A partir de finales de los años noventa y principios de los dos mil se comienzan a investigar las transiciones a la vida adulta y sus efectos en la población de jóvenes egresados de los dispositivos de protección. La investigación en relación a los jóvenes extutelados, su tránsito a la vida adulta y los obstáculos con los que se encuentran tienen sus orígenes en los trabajos de Del Valle (1998), que se vieron ampliados y complementados en años posteriores por las investigaciones de Inglés 2005, García-Barriocanal, Imaña y De la Herrán, 2007; Melendro, 2007; y Casas y Montserrat, 2009. Estos primeros estudios relacionan, por una parte, aspectos contextuales de tipo institucional, familiar y socioeconómico de la historia personal de los y las jóvenes, con una serie de descriptores básicos sobre su situación adulta y el grado de inserción social logrado. Y por otra parte incorporan referencias concretas a las estrategias y procesos de intervención socioeducativa que se desarrollan con ellos.
La primera línea de investigación planteada es la que aporta inicialmente más antecedentes a este campo de estudio. En ella el trabajo desarrollado por Del Valle (1998) realiza el seguimiento de aquellos y aquellas jóvenes que en su día habían vivido acogidos y acogidas en residencias de protección de menores en el Principado de Asturias, con objeto de identificar su grado de integración social una vez finalizada la cobertura del sistema de protección a la infancia. Con posterioridad, desde este grupo de investigación se ha comparado también la transición de jóvenes desde el sistema de protección a la independencia adulta en varios países, concluyendo que en los distintos países analizados son similares los retos a los cuales se enfrenta la juventud que ha sido atendida por el sistema de protección mientras que existen grandes diferencias entre las respuestas que se dan desde los distintos sistemas para apoyarles en el difícil proceso de transición que han de acometer (López, Santos, Bravo y Del Valle, 2013).
Pocos años después, el proyecto Telemaco (Inglés, 2005) analizó desde una perspectiva institucional los programas de intervención socioeducativa llevados a cabo en distintas comunidades autónomas con objeto de favorecer la transición de la vida adulta de adolescentes y jóvenes tutelados, mediante su inserción laboral y fomento de su autonomía personal, buscando asimismo identificar actuaciones que pudiesen ser consideradas buenas prácticas. De igual forma, García-Barriocanal, Imaña y De la Herrán (2007) llevaron a cabo una investigación que contribuyó al análisis del tema con numerosos elementos de reflexión sobre la situación adulta de los y las jóvenes extutelados y su relación con el sistema de protección; asimismo, aportaron claves sobre buenas prácticas en la intervención socioeducativa para favorecer la incorporación al mundo adulto de estos y estas jóvenes.Cabe mencionar desde esta perspectiva, dos investigaciones sucesivas dirigidas en este campo por Melendro (2007 y 2010). En estas investigaciones se analizan las características particulares del proceso de transición a la vida adulta de los y las jóvenes en dificultad social; cómo valoran la intervención socioeducativa desarrollada con ellos y ellas en el marco de los programas de inserción sociolaboral en los que participaron y la percepción de los profesionales y los empresarios implicados sobre la eficacia de estos programas. Asimismo, en estas investigaciones se identifican aspectos claves a la hora de acometer procesos educativos orientados a favorecer transiciones a la vida adulta exitosas entre los y las jóvenes más vulnerables.
Avances recientes en este sentido son las investigaciones de Sala-Roca, Villalba, Jariot y Rodríguez (2009), Montserrat, Casas y Sisteró (2013) y Campos (2013). La primera de ellas profundiza en el análisis de cómo la inserción laboral después de la mayoría de edad de los y las jóvenes que fueron acogidos en residencias de protección está condicionada por sus propias características y las de las residencias, entendiendo que esta información es necesaria para maximizar sus oportunidades de desarrollar una vida adulta autónoma y responsable. Por su parte el trabajo de investigación de Montserrat, Casas y Sisteró (2013) plantea el estudio sobre la atención que reciben los jóvenes extutelados en cuanto a la evolución de las prestaciones y servicios que les atienden a lo largo de los últimos años, la valoración de impacto en los jóvenes y las expectativas de futuro. Finalmente, Campos (2013) se centra, a partir de un enfoque longitudinal, en identificar los criterios de éxito o fracaso del proceso de transición a la vida adulta desde el acogimiento residencial en pisos para adolescentes en la Comunidad de Madrid. Y, junto a ello, aborda la percepción que tienen estos y estas jóvenes de la preparación que reciben para la vida adulta mientras están tutelados por el sistema de protección, así como de su propia transición. Describe, por último, las características que tiene esta transición en cada caso, así como los recursos disponibles para garantizar su éxito.
A partir de esos antecedentes, se van estructurando diferentes grupos de investigación que continúan abordando esta temática o se incorporan a ella: el GIFI (Grupo de Investigación en Familia e Infancia, de la Universidad de Oviedo) que desarrolla su actividad investigadora en torno a la práctica profesional de los servicios sociales de familia e infancia y el tránsito a la vida adulta de jóvenes protegidos (López et al., 2013; Del Valle et al., 2011); el IRQV (Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida, de la Universidad de Girona), que ha centrado sus investigaciones en los elementos del tránsito ligados a los niveles educativos de los y las jóvenes extutelados/as y la intervención socioeducativa en centros de menores; en Madrid, el Instituto ISOS (Instituto para la Sostenibilidad Social) junto al grupo de investigación Contextos de Intervención Socioeducativa, de la UNED, que ha profundizado en las estrategias y procesos de intervención socioeducativa y sociolaboral con jóvenes en dificultad social, en su tránsito a la vida adulta (Melendro 2014, 2010 y 2007; Rodríguez Bravo, Melendro y De Juanas, 2014; Campos, 2013). Y a nivel nacional, dos grupos que han realizado estudios descriptivos sobre la situación de los y las jóvenes extutelados/as y la intervención que se realiza con ellos y ellas en todo el país: la red Jóvenes e Inclusión Social, que aglutina entidades sociales y universidades de diferentes comunidades autónomas y la FEPA (Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos), de ámbito estatal.
En relación con estos trabajos, en fecha muy reciente, el 16 de julio de 2015, ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley 26/2015, de 28 de julio, la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Esta ley contempla en su articulado referencias a la necesidad de que las Entidades Públicas dispongan de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección (Art. 11.4), así como programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial. (Art. 22. Bis.)
Si bien la mayoría de las investigaciones inciden sobre las dificultades a las que han de enfrentarse los egresados de los sistemas de protección para establecer una vida adulta, autónoma e independiente, entre ellas el bajo nivel académico de los jóvenes, su precariedad laboral, parentalidad temprana o pérdida de la vivienda, es cierto también que en algunos de estos estudios se constata una tendencia hacia mayores índices de inclusión social si los jóvenes cuentan con algunos apoyos antes y después de su proceso de tutela.
Es importante tener en cuenta que el desarrollo de este tipo de medidas que contemplan el apoyo institucional a los colectivos más desfavorecidos, deben ser observadas desde un paradigma de sostenibilidad social que no sólo articule medidas en torno a la protección sino que, en una visión más acorde con la realidad de la sociedad del milenio, trabaje por el reconocimiento de los jóvenes como inversión social; reorientando el término acuñado en economía como “tasas de retorno” que adquiere un nuevo sentido en ámbitos en los que hasta la actualidad no le había sido reconocido, como la educación, formación o intervención socioeducativa (Melendro 2007).
